En las últimas dos semanas, debido al conflicto ruso-ucraniano, nos hemos visto inundados de noticias sobre sanciones. Todos los días se aprueban sanciones, se amenaza con ellas o se habla de ellas, pero ¿qué son exactamente las sanciones económicas y cómo funcionan?
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Las sanciones económicas son un conjunto de medidas que tienen como objetivo restringir o bloquear las relaciones económicas y comerciales con un país declarado culpable de violar el derecho internacional. Son instrumentos de política exterior y suelen ser impuestas por más de un país. Básicamente, los países se reúnen y dicen: "no vamos a hacer negocios contigo". Se consideran una medida suave en comparación con la intervención armada.
Las sanciones pueden recaer sobre países o personas individuales. A menudo, son una combinación de las dos cosas. También hay casos en los que sólo intervienen dos países: el país sancionador y el sancionado.
Las medidas de bloqueo pueden ir desde embargos hasta la expropiación de bienes y servicios.
A veces las sanciones económicas son ineficaces, especialmente en los casos en que las medidas impuestas a los gobiernos a los que se dirigen resultan insuficientes y cuando la población civil es la más afectada. Otro problema es que los efectos de las sanciones rara vez se limitan al país sancionado. Es relativamente común ver las consecuencias en los países que imponen las sanciones y tienen relaciones comerciales con el país sancionado. Por eso los efectos de las sanciones son tan imprevisibles.
Existen diferentes tipos de sanciones. Las más comunes son:
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Depende. El éxito suele depender de cuántas naciones decidan participar en las sanciones. Cuando las sanciones son aplicadas por más de un país, normalmente el país sancionado sufre más y tienen una mayor efectividad. Desgraciadamente, en muchos casos, las sanciones causan mucho daño en el plano económico pero no conducen a un cambio real en el plano político.
Por otra parte, si el objetivo de las sanciones es imponer un castigo, es esencial comprender si los ciudadanos y las empresas del país sancionado podrían acabar soportando la mayor parte de los costes.
El último supuesto es cuando el objetivo es cambiar el comportamiento de los países e individuos sancionados. En ese caso, sus herramientas e incentivos disponibles serán tan cruciales como la influencia de los poderes sancionadores.
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